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En el propósito de llevar a cabo la celebración de día 3 de
diciembre, nuestro colectivo social encabezado por Cocemfe hacemos
público el siguiente Manifiesto
Manifiesto
Desde Cocemfe, nos hacemos participes y nos adherimos a la campaña
de Naciones Unidas conmemorativa del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, que este año reviste, en el marco
del movimiento internacional de derechos humanos, una especial
relevancia, al ser el año de entrada en vigor de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Este nuevo Tratado Internacional sitúa con rotundidad y de
modo irreversible a los hombres y mujeres con discapacidad
y a sus familias en la dimensión de los derechos humanos,
donde siempre debieron estar. Las Naciones Unidas y toda la
Comunidad Internacional deben, por tanto, garantizar que toda su
labor tiene en cuenta a la discapacidad.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben trabajarse en
estrecha coordinación con la aplicación de la Convención, ya
que no se cumplirán si no se tiene en cuenta a las personas
con discapacidad y a sus familias.
Desde el 3 de mayo de 2008, fecha en la que entra en
vigor esta Convención, dentro del marco legal español ha
incorporado un instrumento jurídicamente vinculante, que viene a
ser una herramienta válida que inaugura un nuevo marco
protector, preventivo y garantista, un arma que obliga al
Estado a velar por nuestros derechos y libertades.
La recepción en nuestro cuerpo legal de este Tratado internacional
hace necesario que se realice un reajuste de todo el
Ordenamiento Jurídico Español, que necesariamente habrá de
adaptarse a los contenidos de la Convención.
En el año en el que todo el mundo celebra el 60 Aniversario
de la Declaración de Derechos Humanos, es momento de renovar nuestro
compromiso por los principios de justicia y dignidad para todos
los hombres y mujeres con discapacidad, y de proclamar una vez
más que somos titulares de derechos vinculantes, exigibles y
universales y que para ello las mujeres y hombres con
discapacidad y sus familias han de ser tomadas en consideración a
la hora de tomar las importantísimas decisiones que el mundo
aguarda.
De igual modo desde Cocemfe nos hacemos participes de la importancia
de la Ley 39/2006, de Promoción a la Autonomía Personal y atención a
las Personas en situación de Dependencia, asumiendo el compromiso de
exigir el cumplimiento de la misma por parte de nuestras
Administraciones.
Somos conscientes, que desde el 14 de diciembre de 2006, tenemos a
nuestra disposición una ley para atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de dependencia, y
habiendo sido valorada como tal, requieren apoyos para desarrollar
las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor
autonomía personal e integración en la sociedad.
Con esta ley, por primera vez somos titulares de un derecho
subjetivo que nos atiende de forma individualizada, a todas las
personas con una discapacidad que nos hace ser dependientes y por lo
tanto esta ley es exigible por todos y cada uno de nosotros,
debiendo de estar protegida por las Administraciones Públicas y por
la que el Estado habrá de velar en su cumplimiento.
En estos momentos la discordia creada en las distintas Comunidades
Autónomas, es patente y deberíamos de partir, de que una Ley
ejemplar, a de ser esto mismo, un ejemplo esperanzador para un
colectivo especialmente vulnerable y que ve una gran esperanza en la
misma.
De este modo, desde Cocemfe, pedimos:
1. Respetar los plazos establecidos y al
silencio administrativo positivo, como garantías de una verdadera
puesta en marcha del sistema.
2. Una verdadera gestión pública de los órganos de
valoración, mejorando los procesos actuales y la calidad de las
resoluciones.
3. Una coordinación integral con las
administraciones locales y autonómicas, tanto en los procesos de
valoración como de gestión de las prestaciones, con una posible
participación del colectivo de la discapacidad.
4. La participación real de los beneficiarios en la
determinación de los planes individuales.
5. Simplificar los trámites burocráticos y la
no exigir documentación que obre ya en poder de las
administraciones.
6. Una correcta y puntual información a los
ciudadanos y a las organizaciones sociales del sector.
7. Desarrollos reglamentarios coherentes con la
ley, que traigan el equilibrio entre las distintas Comunidades, no
creando la discordia entre las mismas y de este modo se garantice
al unísono las mismas prestaciones entre ellas.
8. La exención en la participación en el
coste (copago) para todos aquellos beneficiarios que tengan
ingresos personales anuales inferiores a 2'5 veces el IPREM.
9. Que las prestaciones sean compatibles y respetar
el carácter retroactivo de las mismas, dando como valida la fecha en
que se solicita y no la de la resolución.
10. La consideración de la renta personal
como base del cálculo de las prestaciones.
11. Crear una comisión conjunta de
seguimiento con las entidades sociales representativas del
sector.
12. Una eficiente gestión de los recursos
económicos disponibles.
De este modo, este día 3 de diciembre de 2.008, hemos de ser
conscientes del gran paso adelante que se ha dado, sin olvidar que
el camino no se acaba, pensando que aun queda mucho que recorrer,
debiendo de dedicar nuestro esfuerzo al desarrollo de todas y cada
una de las leyes que nos amparan, haciendo recordar en especial a
las Administraciones Públicas, que estas están para su cumplimiento,
no permitiendo que las dejen caer en el olvido.
INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:
http://aedem.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=2
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